Por tratarse de una reforma a la Constitución local, la despenalización del aborto requeriría al menos de 17 votos a favor en el Congreso del Estado. De los cuales, hoy ya se cuentan con 9.
El pasado 1° de febrero, durante la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LXIII Legislatura (2021-2024) del Congreso del Estado de Yucatán, la intención por despenalizar el aborto en la entidad sumó más votos a su causa, aunque quizás hayan pasado desapercibidos.
Y es que, como en cada Sesión del Pleno, al finalizar los asuntos en cartera se procedió a permitir que las Diputadas o Diputados que así quisieran pasaran a Tribuna en la sección de Asuntos Generales. Y siendo la primera sesión de este nuevo periodo legislativo, las coordinaciones de las respectivas bancadas aprovecharon para fijar un posicionamiento de cara a los próximos 5 meses de trabajo.
En su turno, el Diputado Gaspar Quintal Parra, coordinador de la Fracción Legislativa del PRI, leyó durante su discurso la agenda que promoverían durante este periodo, asegurando que entre las iniciativas que presentarán está una sobre la armonización de la legislación secundaria del Matrimonio Igualitario a más tardar en el mes de marzo de 2022; otra para garantizar la paridad de género en los cargos públicos de los gobiernos municipales; otra para incluir el embarazo de la víctima de feminicidio como una agravante en el delito.
Así como “garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, no discriminación y acceso a la salud de las mujeres, en términos de la Recomendación General número 33 sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia de la CEDAW y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se propone despenalizar el aborto, procurar que sea practicado en condiciones higiénicas, sanitarias y seguras, en centros de salud públicos y privados, así como fortalecer políticas públicas de educación sexual, reproductiva, métodos anticonceptivos y de planificación familiar, entre otros.”
De entrada, con esta declaración, las Diputadas y el Diputado priista se suman a la postura a favor de la interrupción legal del embarazo que en ocasiones anteriores ya habían manifestado la Diputada de Morena, Alejandra Novelo Segura, y la Diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Vida Gómez Herrera. Ambas coordinadoras de sus respectivos partidos en el Legislativo.
Asumiendo que las bancadas de Morena y del PRI votarían, en dado caso, a favor de las iniciativas promovidas por sus coordinadores, la despenalización del aborto en Yucatán estaría sumando un total de 9 votos a favor de su causa (3 del PRI, 4 de Morena, un voto de MC y uno del PRD).
Sin embargo, resulta evidente que con esos 9 votos no basta para poder aprobar una reforma que despenalice la interrupción del embarazo en territorio yucateco pues, por tratarse de una reforma a la Constitución local, requerirá por lo menos de una mayoría calificada de 17 votos en el Congreso del Estado.
17 votos que, por cierto, serán imposibles de alcanzar sin la participación de la bancada del PAN, que cuenta por sí sola con 14 Diputadas y Diputados.
Con esto en mente, es fácil intuir que el primer gran obstáculo para garantizar la interrupción legal del embarazo a nivel local será la presión que los sectores más conservadores de la sociedad ejercerán sobre la fracción panista en el Congreso del Estado. La cual, muy a pesar de lo que han declarado en público y en privado algunos de ellos, no podrá evitar pensar dos veces si le asigna mayor peso a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la CEDAW, o a las organizaciones cívico-religiosas que suelen apoyar e incluso promover el voto a favor del PAN en épocas electorales.
Imaginando un escenario hipotético donde los cuatro partidos que ya se han manifestado a favor de la reforma impulsen la iniciativa en Comisiones, el desenlace probable en estos momentos es que la propuesta ni siquiera logre dictaminarse ni mucho menos que llegue a votarse al Pleno del Congreso del Estado; pues la bancada mayoritaria se arriesgaría con ello a darle vida a un tema del cual no tienen control en la agenda pública ni mediática, además de que serían inmediatamente recriminados por sus aliados entre los grupos cívico-religiosos de la sociedad civil yucateca.
Aguantar y contener, respondiendo con la fórmula de costumbre a las preguntas sobre su retraso, son parte de los lujos que puede darse el partido que controla la mayoría en el Poder Legislativo, tanto local como federal.
Sin embargo, en dado caso de que la iniciativa logre dictaminarse y se apruebe en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, en el Pleno existen dos caminos: que la reforma sea aprobada incluso por una parte o toda la fracción legislativa del PAN (con todo lo que ello implica en cuanto a los costos políticos que asumirían); o que sea rechazada por mayoría (como le ocurrió en dos ocasiones a la reforma que buscó garantizar el Matrimonio Igualitario en 2019).
En el primer caso, el PAN ya ha dado indicios de que podrían apoyar reformas de este tipo -que chocan con su doctrina o con los valores que defienden las organizaciones que los respaldan electoralmente- argumentando que se trata de una jurisprudencia que están obligados a respetar. Éste sería el escenario ideal para la aprobación de una reforma como ésta.
Mientras que en el segundo caso. El rechazo por parte de la mayoría implicaría, primero, que el dictamen tendría que regresar a la Comisión para una segunda revisión; pero también abriría la posibilidad para que se inicie un litigio estratégico idéntico al que se siguió por parte del Colectivo para la Protección de Todas las Familias en Yucatán (CPTFY) para el tema del Matrimonio Igualitario, promoviendo una Acción por Omisión Legislativa ante el Tribunal Constitucional local y una serie de amparos que llevaron a que la Suprema Corte revisara el caso.
Si bien el litigio ante tribunales federales implica una victoria asegurada para la reforma, ésta tardaría (quizás años) en ser listada para su discusión. Por lo tanto, durante los dos años que restan del sexenio y de esta Legislatura local, buena parte del rumbo que tome el tema dependerá de lo que decidan hacer -o dejar de hacer- los legisladores de Acción Nacional.
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