El domingo 16 de enero, la colectiva Sororidad Anáhuac denunció la existencia de un grupo de Telegram llamado “Zorritas de la UAM” donde se difundían fotografías y videos íntimos de alumnas de la Universidad Anáhuac Mayab, y presuntamente también de otras universidades de Yucatán.
Durante el lunes y el martes por la mañana, la existencia del grupo, la denuncia pública y el escándalo permanecieron encapsulados en redes sociales, donde incluso se reportó la desaparición de la cuenta en Instagram de la colectiva Sororidad Anáhuac (canal original desde donde se hizo la denuncia), como también la desbandada de al menos 500 de los 1,280 miembros del grupo en Telegram, integrado presuntamente por estudiantes varones de la Universidad Anáhuac Mayab, la Universidad Marista y la UADY.
En medios de comunicación, el tema cobró notoriedad a partir del martes en la tarde, una vez que las tres instituciones señaladas publicaron comunicados asegurando que atenderían el tema y que condenaban las conductas denunciadas. De igual modo, la propia Anáhuac Mayab reveló que ya había presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que abrió una carpeta por el delito de “violencia digital”.
Haciendo una consulta en Google Trends, es posible observar que las búsquedas realizadas por los usuarios de internet en Mérida, durante los días del desarrollo noticioso, le dan una clara y amplia ventaja al nombre del grupo en Telegram sobre el nombre del delito que se persigue por parte de las autoridades.
Arriba, la “fotografía” de la proporción de búsquedas del nombre del grupo de Telegram, contra la proporción de búsquedas para el nombre del delito durante la semana en que ocurrió la noticia. Es decir, del domingo 16 de enero de 2022 cuando la cuenta “Sororidad Anáhuac” hace la primera publicación con la denuncia y hasta el sábado 22 de enero de 2022.
Como puede observarse, el domingo de la denuncia original, apenas una pequeña proporción realizó búsquedas en Google del nombre del grupo de chat. Y es hasta el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de enero que vemos los tres mayores picos de búsquedas, siendo el pico del miércoles el de mayor proporción hasta ahora. El viernes 21, aunque se mantuvieron las búsquedas, se observa el descenso en las consultas de este término en el buscador de Google, aunque ha logrado mantenerse con algunos altibajos conforme el tema continúa vivo en su ciclo noticioso.
En contraste, las búsquedas para el término “violencia digital” en el mismo periodo son contrastante y evidentemente menores.
Incluso, si a la consulta se le agrega el comparativo con otro término de búsqueda, popular entre quienes cometen el delito de violencia digital, es posible observar un resultado similar: los usuarios de internet en Yucatán han buscado en Google más veces el nombre del grupo de Telegram.
Por lo tanto, el término de búsqueda “Zorritas de la UAM” es el que se ha posicionado en el imaginario colectivo. Ya sea para nombrar al caso coyuntural o para indagar la existencia o no del grupo y su contenido.
Si bien este ejercicio no tiene nada de científico, sí puede servir como un primer acercamiento para hacernos algunas preguntas acerca de la coyuntura y sus aristas políticas.
¿Está la gente buscando el nombre del grupo para enterarse de la noticia, o para tratar de localizar el grupo y unirse a él?
En caso de que sea para enterarse de la noticia, ¿qué tan problemático sería eso? Ya que solemos referirnos a temas coyunturales como éste con títulos sintetizadores.
¿Terminaremos refiriéndonos a esta noticia y a su seguimiento como “el caso Zorritas de la UAM”?
Sin embargo, algo interesante surge también de consultar los términos de búsqueda que se han estado realizando con relación al tema en los últimos días.
Y es que resulta que, a diferencia del nombre del delito, el término “Ley Olimpia” sí ha observado un constante interés en las búsquedas en el motor de Google entre usuarios yucatecos. Es decir, que si bien el tecnicismo legal no ha logrado darse a conocer, sí lo ha hecho el nombre con el que se le conoce al conjunto de reformas que -desde hace algunos años ya- persigue a quienes “pasan el pack”.
Independientemente de esto, esperemos que el descenso en las búsquedas no refleje a su vez un descenso en la atención mediática e institucional de estas denuncias.
Muchas víctimas de este delito en Mérida coinciden en que, cada cierto tiempo, la Fiscalía General del Estado (FGE) les hace ir al Ministerio Público únicamente para preguntarles si tienen más pruebas que aportar (!) cuando ellos son quienes deberían estar realizando la investigación (si no, para qué existe entonces la Policía Cibernética).
El más reciente boletín del Gobierno del Estado sobre el tema, donde parecen arropar a los rectores de las tres universidades involucradas, parece asomar una respuesta institucional que irá más por la “prevención” mediante talleres dirigidos hacia las alumnas, y no tanto por el lado de la persecución de los probables responsables.
Habrá que ver.
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